Las últimas manifestaciones que convocamos desde VdeVivienda el 14 de marzo en Madrid y Donostia ha servido para que la ciudadanía comience a conocer el Alquiler Social Universal (ASU), el programa de medidas que proponemos para hacer efectivo el derecho al alojamiento.

Hablamos de un conjunto de propuestas que parten de un movimiento asambleario compuesto por personas que sufrimos las consecuencias de la especulación inmobiliaria.

Por tanto, nuestras soluciones tienen que ser a la fuerza radicalmente distintas de las planteadas por los que han causado el problema, es decir, la clase política, la banca y los señores del ladrillo: constructores y promotores. Esta fuerte contradicción nos hace ser conscientes de que jamás se podrá plantear un acuerdo con las administraciones. Tampoco lo queremos. Nuestro objetivo no es convencer al poder político, sino a la ciudadanía, que es la verdadera depositaria de la soberanía popular.

El primer punto del ASU exige dar un uso social a las viviendas vacías existentes en nuestro país. Según datos del Banco de España, a finales de 2007 el parque total superaba los 25,5 millones, sobre un total de 16,69 millones de familias. Estas cifras indican un promedio de 1,56 viviendas por familia, una de las tasas más altas del mundo. Tantas viviendas sobran que España es el país de la UE con más viviendas vacías, superando los cuatro millones. La idea es realizar una expropiación de uso de esas viviendas sobrantes, en manos de los grandes acaparadores de propiedades inmobiliarias, que poseen un stock de viviendas vacías sin vender que supera ampliamente el millón, y de las grandes fortunas. Estas viviendas se destinarían a un parque público en alquiler. Para optar al uso de estas viviendas, el futuro inquilino sólo tendría que inscribirse en un censo de demandantes. Cuando la recibiera, pagaría únicamente una renta mínima para el mantenimiento del inmueble, y en ningún caso el lucro de sus dueños.

La segunda de las medidas del ASU plantea un cambio de la ley hipotecaria, de forma que cualquiera que no pueda afrontar el pago de la cuota no tenga que responder más allá del precio de subasta de su casa por el banco. Actualmente, la pérdida de la vivienda no significa la cancelación automática de la deuda, porque puede suceder que la deuda sea mayor que lo obtenido por la entidad financiera en la subasta. Esto no pasa en la mayoría de los países, donde la subasta de la vivienda supone siempre el fin de la deuda.

El tercer punto es acabar con las subvenciones de dinero público para las entidades privadas. El Instituto de Crédito Oficial, dependiente del Ministerio de Economía, debe dejar de socorrer a los especuladores con avales (se han previsto 5.000 millones para construir más innecesarias viviendas protegidas) y créditos (otros 3.000 millones destinados a refinanciar deuda de los señores del ladrillo que conviertan vivienda libre en vivienda en alquiler). También rechazamos las inyecciones de liquidez destinadas a la banca.

La última medida incluida en el ASU es la despenalización de la okupación para vivir o crear espacios sociales. En la mayoría de países, la okupación es falta y no delito penal, constituyendo España una excepción a esta normal general. La okupación no genera ningún daño a la sociedad, sino que es la existencia de viviendas vacías la que provoca una enorme injusticia social, y por tanto los que deben ser perseguidos son los que especulan con este bien, tal y como se hace en el resto de Europa. Esto es lo que defendemos desde VdeVivienda. Sin duda, hay otras muchas propuestas interesantes que habrá que estudiar. Lo importante, en todo caso, es que las soluciones partan desde la ciudadanía, y que al fin nos convirtamos en dueños de nuestros propios proyectos vitales.

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